Desde la Pasucat en no pocas ocasiones hemos comentado que la respuesta profesional a los horrores del RD16/2012 ha sido tibia, por no decir escasa o, si nos dejáis, sonrojante. Cuando pase un tiempo y echemos la vista atrás, muchos tendrán que preguntarse a qué se dedicaban mientras se dinamitaba un sistema sanitario que, con sus defectos, gozaba de una cualidad inconmensurable como era la tendencia a la universalidad efectiva. Para catar el verdadero valor de esta cualidad sólo es necesario coger la maleta y pasearse por otros países y preguntar por las diferentes modalidades de acceso al sistema, las limitaciones de éstas y las dramáticas consecuencias de considerar que el cuidado de nuestra salud debe recaer en nuestras propias manos.
Como casi todo, esta apatía profesional (¿no les explicaron en clase cuánto cura la equidad?) tiene sus honrosas excepciones y recientemente hemos podido tener noticias de una de ellas. A principios de abril se ha celebrado en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada la V Conferencia Europea sobre Migraciones, Minorías Étnicas y Salud. Todos los participantes han consensuado una declaración de recomendada lectura y análisis. Nos permitimos la licencia de, además de enlazarla, recoger aquí sus 5 puntos principales para facilitar la lectura:
- En primer lugar, las políticas de austeridad implican que muchas personas, migrantes y no migrantes, se enfrenten a un empeoramiento de sus ya precarias condiciones, con consecuencias negativas para su salud y su bienestar. Las personas migrantes, que suelen aceptar aquellos trabajos que nadie más quiere, los cuales implican salarios muy bajos, precariedad y frecuente peligrosidad, son especialmente vulnerables.
- Segundo, las personas previamente vulnerables sufren con mayor fuerza los impactos de recortes en servicios sociales y sanitarios. Entre ellas, hay muchas personas migrantes que pueden tener necesidades no cubiertas en salud física y mental como consecuencia de condiciones antes, durante o después del proceso migratorio y que ahora deben hacer frente al empeoramiento del acceso a estos servicios.
- Tercero, algunos países han utilizado la crisis económica para reducir el derecho a los servicios socio-sanitarios, en algunos casos centrándose específicamente en las personas migrantes indocumentadas, con las repercusiones evidentes que este hecho conlleva para la salud de estas personas.
- Cuarto, en algunos países, las cada vez más severas restricciones impuestas sobre las personas migrantes indocumentadas, incluidos los períodos prolongados de detención en instalaciones deficientes, representan una grave amenaza para la salud física y mental de estas personas.
- Quinto, en algunos países estamos detectando un auge de la xenofobia, que conduce a la
discriminación y la violencia contra las personas migrantes y minorías étnicas de larga tradición, especialmente las personas Roma, con repercusiones en su salud y acentuando las barreras con las que se encuentran para acceder a una adecuada asistencia sanitaria.
A este llamamiento por parte de estos profesionales debemos añadirle las recientes recomendaciones de la relatora especial de las Naciones Unidas, en el que recuerda a las autoridades españolas que la nueva legislación española incumple las normativas europeas sobre derechos humanos y que es responsabilidad del estado español asegurar el derecho a la salud de todas las personas, incluyendo las migrantes, sea cual sea su situación. Nadie podrá en el futuro justificarse alegando desconocer las devastadoras consecuencias de este retroceso de derechos y valores, ¿seguiremos impasibles ante el apartheid sanitario que vivimos?
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